14 jul. 2015

Los Arellano, Protegidos Y Favorecidos En Estados Unidos



La reducción de sentencia para Francisco Javier Arellano Félix “El Tigrillo” se pidió desde 2008, a tan solo un año que se le dictara cadena perpetua en la Unión Americana. Antes que su condena disminuyera a 23 años y medio de cárcel, el ex líder del Cártel Arellano Félix debió proporcionar información comparable a “un sueño hecho realidad” a fiscales para capturar a narcotraficantes y agentes corruptos en ambos lados de la frontera. Con esto, para el año 2033, los tres hermanos Arellano Félix, Francisco Javier, Eduardo y Benjamín, se encontrarán libres

Durante los últimos cinco años, a Francisco Javier Arellano Félix solo se le permitió salir de confinamiento solitario para reunirse con fiscales. El resto del tiempo permanecía hasta 23 horas diarias en su celda. Prohibido el contacto con cualquier otro prisionero.

A cambio de detalles sobre la estructura y funcionamiento del Cártel Arellano Félix (CAF), de policías sobornados tanto en México como en Estados Unidos y de otros narcotraficantes, al menor de los hermanos Arellano Félix, se le prometió “ser debidamente compensado”. Y así fue.

En noviembre de 2007, fue sentenciado a cadena perpetua por el juez Larry Alan Burns en la Corte Federal de San Diego, California. Narcotráfico, extorsión, secuestro, entrega de sobornos a autoridades y homicidios, fueron los delitos cometidos por Francisco Javier.

Desde 2002, “El Tigrillo” había tomado control de las actividades del CAF y ordenó crímenes perpetrados por esta organización criminal tanto en Tijuana como en San Diego. De acuerdo a la Fiscalía del Sur de California, “las actividades del cártel dañaron y destruyeron las vidas de miles de personas en ambos lados de la frontera”.

Su etapa al frente del CAF terminó el 14 de agosto de 2006, cuando fue detenido en su yate “Dock Holiday” por elementos de la Agencia Estadounidense Antinarcóticos (DEA) y de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Un año después, en 2007, en su declaración de culpabilidad, Francisco Javier admitió los delitos de lavado de dinero y crimen organizado, este último, castigado con cadena perpetua, de acuerdo a las leyes estadounidenses.

Sin embargo, el 4 de noviembre de 2008, el gobierno de Estados Unidos apeló al Artículo 35 del Código Federal de Procedimientos Penales de Estados Unidos, en su apartado b, para reducir la sentencia de “El Tigrillo”.

En base a este Artículo, a petición del gobierno, la Corte puede reducir la sentencia cuando el acusado proporcione ayuda sustancial en investigar o procesar a otra persona por la comisión de un delito.

Pese a promover la reducción de condena de Francisco Javier, el gobierno estadounidense solicitó a la Corte mantener la petición como confidencial, de manera temporal. Esto para conseguir la cooperación completa del narcotraficante antes que gozara del beneficio previsto en Ley.

Seis años después, en 2014, los fiscales a cargo del caso, pidieron al juez Burns hacer pública la solicitud de reducción de condena. El 14 de noviembre de 2014, en lugar de cadena perpetua, a Francisco Javier le fueron dictados 282 meses de prisión, es decir, 23 años y medio.

De narcotraficante a informante

En un lapso de cinco años, Francisco Javier Arellano Félix se reunió en 25 ocasiones con agentes federales. Algunos encuentros se prolongaron por días. Enfrentando el resto de su vida en prisión, el narcotraficante compartió información descrita por un fiscal como “un sueño hecho realidad”.

“La Corte no tiene duda que el señor Arellano otorgó información significativa y sustancial que ayudó al gobierno a identificar y procesar a gran cantidad de narcotraficantes y de agentes corruptos en este país y en México”, deliberó el juez Burns.

Además, indica el mandato judicial, proporcionó información útil sobre la operación interna, la estructura y los métodos de los cárteles desplegados en México, de manera específica, en la frontera sur con Estados Unidos.

Incluso, el ex cabecilla del CAF, aceptó testificar contra numerosos narcotraficantes y agentes corruptos, identificados y arrestados basados en información -incluida evidencia documental- entregada por Francisco Javier.

La petición de reducción de sentencia fue apoyada por la declaración de un fiscal familiarizado con el caso, quien avaló que la información proporcionada por el narcotraficante, era verídica y exhaustiva.

No satisfecho con la reducción de sentencia, ejecutada el 25 de noviembre de 2014, el abogado Mark F. Adams, en representación Francisco Javier, solicitó que a la condena de 282 meses, le fueran restados 47 meses, es decir, cuatro años.

De acuerdo al planteamiento del defensor, el gobierno estadounidense fue “tacaño” en la reducción del 40 por ciento a la condena original. Por lo que en junio, promovió una segunda reducción.

Para convencer al juez Burns, el abogado argumentó que por seguridad de su cliente y para mantener la confidencialidad de las reuniones, Francisco Javier es transferido de diversas prisiones, de manera constante.

“Como consecuencia ha tenido menos libertad que otros internos dentro del sistema penitenciario, menos oportunidad de participar en programas de readaptación y menos visitas con su familia”, expuso el abogado.

El litigante también pidió al juez considerar que con la información proporcionada al gobierno de Estados Unidos, su representante corría peligro.

Sin embargo, la Corte recordó que los crímenes cometidos por Francisco Javier “fueron abominables, evidencian una falta de conciencia, extrema crueldad humana y un corazón maligno”.

Al recordar que el propio narcotraficante confesó haber asesinado a numerosas personas, el juez Burns mencionó que sus víctimas incluían testigos de crímenes, agentes de la Policía e incluso informantes “irónicamente como él”, agregaría el juez.

En cuanto a las ganancias del CAF por la venta de cocaína y marihuana, la Corte determinó que la cantidad es incuantificable, pero está estimada en cientos de millones de dólares.

Por estos motivos, el 15 de junio de 2015, el juez negó la segunda petición de reducción de sentencia, y al hacerlo, recordó que el objetivo de la cadena perpetua -retirada meses antes- era prevenir que el delincuente se reintegrara a las actividades del CAF y, por lo tanto, se trataba de una medida que “protegería a la sociedad de futuros crímenes cometidos por el acusado”.

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