21 sept. 2015

Joaquín "El Chapo" Guzmán O La Ley De Fugas: Crónica De Un Abatimiento Anunciado



Un fantasma recorre el mundo del narco, una especie de sombra obscena que los capos condensaron en un proverbio: a saber, “Estados Unidos te hace; Estados Unidos te deshace”. Si se quiere comprender la narcotrama en México es básico partir de esta modesta verdad: los asuntos de la droga en el hemisferio, especialmente en México y Sudamérica, están bajo el control de Estados Unidos y sus agencias de seguridad e inteligencia. Joaquín “El Chapo Guzmán” es una criatura de Estados Unidos, tal y como lo fueron Pablo Escobar Gaviria, jefe del Cártel de Medellín, o –en otro terreno– Osama Bin Laden, otrora Enemigo Público No. 1 de Estados Unidos y líder de Al Qaeda. Existen, sí. Pero la pregunta es si son reales las propiedades o cualidades o malignidades que se les atribuye. Esos aspectos que acompañan a estos personajes (definitorios para manipular la opinión pública u orientarla hacia ciertos estados de ánimo rentables para la agenda del poder), a menudo son cortesía de artificios propagandísticos cuidadosamente diseñados por distinguidos publicistas estadounidenses al servicio del Pentágono o la Casa Blanca o la red de intereses políticos que concurren en el bandidaje a costa de otros pueblos. Llama la atención que después de la fuga de “El Chapo” Guzmán, las sospechas tuvieran como único destinatario al gobierno mexicano, y que ninguna línea de averiguación atendiera al “fantasma” estadounidense. Está ampliamente documentado que en la recaptura de “El Chapo” participaron agencias de inteligencia norteamericanas, señaladamente la DEA y el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. Las cuestiones operativas de su aprehensión involucraron a personal militar de aquel país, desde el uso de drones para su localización hasta la detención física del capo. Tras el arresto, arreció mediáticamente el empeño de extradición, promovido por el gobierno Estados Unidos. “Había un proceso (en la Procuraduría), y no estaba oculto; hay oficios de por medio y se estaba siguiendo el proceso”, señaló el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Pero es difícil determinar la seriedad de la moción. Hay quienes identifican en ese proceso la motivación de la huida. Pero esa lectura escamotea otras evidencias no menos relevantes. Más bien, la fuga pareciera una estrategia de presión a la administración de Enrique Peña Nieto para aumentar la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de seguridad en México, y acaso un episodio más en las disputas intestinas entre la CIA (más cercana a los círculos privilegiados de Washington) y la DEA (más próximo al sistema de justicia estadounidense) por el control de la agenda en materia de política exterior. Una cosa es segura: “El Chapo” no se fugó; lo fugaron. Y la teatral evasión probablemente responda a la intención (acordada por facciones de ambos gobiernos) de abatir eventualmente a Guzmán Loera. Numerosos factores apuntan en esa dirección.

No se debe tomar a la ligera la declaración de Osorio Chong, en el sentido de que la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera ocurrió porque funcionarios del gobierno federal ‘‘traicionaron a las instituciones’’. Que “El Chapo” escapara mientras que casi la totalidad de los altos mandos federales se encontraban en excursión transatlántica no es un asunto fortuito. Es evidente que el costo político tendría un recipiente: Peña Nieto y su gobierno. Es a todas luces una operación ejecutada con meticulosidad quirúrgica.

Dentro de la administración peñista hay algunas figuras del calderonato que en las negociaciones del Pacto por México consiguieron prolongar su estadía en la función pública, especialmente en el ámbito de la seguridad. Uno de ellos es Ramón Eduardo Pequeño García, “quien fuera uno de los hombres importantes en el esquema operativo del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ya que allí ocupó áreas como la División Antidrogas” ( La Jornada 19-VII-2015). Cabe hacer notar que el retorno del PRI a la presidencia significó un ligero retroceso en los planes injerencistas de Estados Unidos en materia de seguridad e inteligencia, aún cuando en todos los demás renglones el PRI-gobierno se doblegara lacayunamente a la voluntad de Washington. Estados Unidos aspira a recuperar la primacía irrestricta que dispuso durante el panismo. Y es altamente probable que en ese afán de restauración intervencionista algunas facciones de Washington se aliaran con esos rescoldos de panismo trasnochado y resentido. Esa es la traición a la que alude el secretario de Gobernación. Lo que no dice el señor Chong es que el peñanietismo (sic) traicionó primero a Joaquín Guzmán Loera y su otrora intocable cártel de Sinaloa. Recuérdese la declaración de Phil Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de El Paso, Texas, quien sostuvo en entrevista a Univisión que “el narcotraficante sinaloense metió mucho dinero a la campaña de Peña Nieto… [según] está documentado en inteligencia de Estados Unidos” (Pedro Miguel 24-II-2015). Traidor que traiciona a traidor… La fuga de “El Chapo” tiene más relación con traiciones e intrigas intestinas que con asuntos de bancarrota institucional o sistemas de justicia fallidos o remedos delincuenciales de Houdini con facultades escapatorias cuasi mágicas.

En entrevista con la revista Proceso, Jhon Jairo Velázquez Vásquez, alias “Popeye”, uno de los tres sobrevivientes del Cártel de Medellín, aseveró sin reservas: “El Chapo es hombre muerto”. La lectura del connotado sicario es distinta, pero llega más o menos a la misma conjetura: a saber, que los días del capo sinaloense están contados. Para el exjefe de sicarios de Pablo Escobar, la fuga de Guzmán Loera es una operación del propio capo en connivencia con funcionarios mexicanos de alto rango, que presuntamente querían evitar la extradición a Estados Unidos del jefe criminal. “Popeye” equipara las dos fugas, la de Escobar y la de Guzmán Loera, y advierte que los costos políticos son gravísimos: “Los Estados quedan como repúblicas bananeras. Pero en el caso del Chapo creo que es más fuerte todavía, por el túnel, por la corrupción, porque no lo extraditaron. Y por eso no creo que la agarren vivo. Ni al gobierno de México le conviene que lo agarren vivo, porque si lo extraditan y habla… sabe mucho. Y además él no quiere una cárcel en Estados Unidos. Si lo encuentran se va a hacer matar… [porque es improbable que] un capo tan guapo (bragado) como El Chapo quiera entregarse así” (Proceso 22-VIII-2015). Pero esta es una simplificación rústica de la red de relaciones envueltas en la narcotrama . Por un lado, omite que esa imagen de “república bananera” es altamente deseable para Estados Unidos, pues es un aliciente para su agenda injerencista. Y por otro, ignora flagrantemente que Estados Unidos es la mano que mece la cuna del narcotráfico, y que la única manera de legitimar su política de seguridad en terruños bananeros es presentando muertos a los “enemigos públicos”, y no únicamente tras las rejas en reclusorios apartados del escrutinio público. “El Chapo” pertenece a esa ralea de figuras públicas “pop”. Es más redituable mantenerlo en los titulares de la prensa que en cautiverio o anonimato. Esto no hubiera sido posible hace unos años, cuando el capo era figura clave en el trasiego de drogas a Estados Unidos. Ahora es reemplazable. La presencia mediática de Guzmán Loera es sintomático de la decadencia del Cártel de Sinaloa. Un informe de la DEA vaticina que la participación del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) crecerá en Estados Unidos en los próximos años. El documento plantea que la hegemonía de Sinaloa está seriamente amenazada por sus rivales de Jalisco. No es desproporcionado pensar que los narcobloqueos que tuvieron lugar el pasado mes de mayo en Jalisco respondan a una demostración de fuerza del CJNG, y a su afianzamiento como cártel dominante en esa región del país. El informe desclasificado de la DEA traza un diagnóstico ilustrativo: “Después de su separación del Cártel de Sinaloa en 2010” el Cártel de Jalisco Nueva Generación “se convirtió en la organización del tráfico de drogas con la más rápida capacidad de expansión en México” (Proceso 23-VIII-2015). ¿Es evaluación o prescripción?

Inmediatamente después de la fuga de “El Chapo” cobraron presencia algunos guiños pintorescos, de esos que a menudo preceden al abatimiento de algún delincuente elevado a condición de leyenda. La Procuraduría General de República ofreció una recompensa de hasta 60 millones de pesos por información “útil, veraz y oportuna que auxilie con eficacia a la detención de Joaquín El Chapo Guzmán”. El director del organismo de lucha contra la delincuencia en Chicago, reinstauró el título de Enemigo Público No. 1 a Guzmán Loera, título que en la década de 1930 detentara el famoso hampón Al Capone. También la administración de Barack Obama ofreció una recompensa de 5 millones de dólares a cambio de información que conduzca a la captura del capo sinaloense.

Pero todos estos gestos folklóricos no son más que simulaciones que zanjan el ánimo público para un eventual abatimiento del líder criminal, y allanan el terreno para una creciente intrusión de las agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses en México.

Dos funcionarios, una estadounidense otro mexicano, revelan en lenguaje encriptado el fondo oscuro de la hollywoodense fuga de “El Chapo” Guzmán:

“El gobierno de Estados Unidos está listo para trabajar con nuestros socios mexicanos para proveer cualquier asistencia que pueda ayudar a respaldar su pronta recaptura” (Loretta Lynch, procuradora general estadounidense);

“Se refuerza la voluntad y el compromiso de ambos (gobiernos) de cooperar y colaborar. Es una colaboración permanente, exitosa y una colaboración que ha permitido la primera captura del Chapo y que ahora habrá de reforzarse (¡sic!) para permitir su recaptura” (José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, ahora Secretario de Desarrollo Social en México).

La fuga de “El Chapo” anuncia básicamente dos escenarios: uno, la inminente muerte del capo; y dos, el triunfo de la Iniciativa Mérida o Plan México y la consolidación de la agenda de seguridad estadounidense en territorio nacional.

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